La Red Europea de lucha contra la Pobreza y Exclusión (EAPN), ha publicado recientemente el informe “El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009-2015.

Aunque según dicho informe, el riesgo de pobreza ha descendido en 320.000 personas, lo que supone un 0.6% menos con respecto al año 2014, las cifras no dejan de ser importantes: más de 13.3 millones de españoles, un 28.6% de la población, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. De todos ellos, los más castigados son los jóvenes adultos (entre 16 y 29 años), un sector en el que el riesgo de pobreza y exclusión afecta al 38,2%; casi dos puntos más que el año anterior. En los menores, no obstante, el indicador bajó dos puntos hasta situarse en el 33,4%. Sin embargo, tres de cada 10 niños continúan en riesgo de pobreza y exclusión social.

Otro aspecto que señala el informe es el aumento de los trabajadores pobres ya que tener un trabajo o una pensión no garantiza no sufrir ese riesgo. Hay personas adultas con trabajos o pensiones en el 14,9% de los hogares en pobreza ( 11,8% en 2014), y un 1,8% (2,1% en 2014) que sufren tanto pobreza, como privación material severa, que disponen de alguno de esos ingresos.

Tampoco podemos olvidar que todavía existe un 2,2% de la población que sufre los tres factores que integran el AROPE (uno de los indicadores de la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea sobre pobreza y exclusión social): desempleo, pobreza y privación material. Se trata de 1.025.736 personas que se encuentran en la peor situación económica y social posible.

El informe analiza además las tasas de AROPE según las Comunidades Autónomas señalando que “las más altas están en Andalucía, con 43,2%, y Ceuta , con 41,7%. Las más bajas corresponden a Navarra, con 13%, y el País Vasco, con 17,6%. Es decir, la desigualdad en la incidencia del AROPE se manifiesta en 30 puntos porcentuales de diferencia entre comunidades.”

En su conclusión final, el informe afirma:

“El crecimiento económico (aumento del PIB) no es suficiente para reducir la tasa de personas en AROPE, como muestra el análisis territorial. La capacidad redistributiva de las políticas sociales tiene que ser priorizada, para lograr una mayor cohesión social y equidad en todo el país.”

Puede leer el informe completo aquí.

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